La Ley de Movilidad en Quintana Roo prohíbe el pago en efectivo y estrictas condiciones para que los vehículos puedan operar.
Uber ha amenazado con suspender sus operaciones y Cabify pide un proceso participativo.

Uber estaba luchando por quedarse en Quintana Roo a pesar de los problemas. El servicio de transporte privado denunció que se estaban llevando a cabo detenciones, algunas de ellas violentas, contra los conductores de la plataforma. Exigían una Ley de Movilidad que regulara su servicio en la turística ciudad y así evitar los conflictos con los taxistas. Meses después de pedir una regulación, parece que al fin está a punto de llegar, pero no cómo la compañía esperaba.
La Ley de Movilidad de Quintana Roo propuesta en el Congreso plantea dos puntos con los que Uber está completamente en desacuerdo: la prohibición para pagar en efectivo y los requisitos para ser socio conductor. Los puntos, "van en contra de los principios de la economía colaborativa y que afectarán de manera drástica a los usuarios y socios conductores", afirmó Federico Ranero, director general de Uber México, en comunicado dirigido al gobernador Carlos Joaquín González.

Los requerimientos propuestos por los legisladores para que un vehículo opere en la plataforma es que tenga un valor mínimo de 220.000 pesos y que no sobrepase los cuatro años de antigüedad. Según Uber, estas condiciones "exageradas" provocarían que el 83% de los conductores no pueda autoemplearse. Asimismo, la nueva ley obligaría que las personas que no sean nativas de Quintana Roo necesiten por …