Analizamos la situación regulatoria actual para el usuario del drone en España, tanto en materia de actividades recreativas como profesionales.
Son la nueva moda para niños mayores. Una nueva economía y uno de los focos para el desarrollo de negocios y propuestas de valor en este siglo. Los drones han irrumpido con fuerza en el mercado y, aunque hay que dar a DJI la corona en su estandarización, cada vez son más las compañías que se aventuran a lanzar al mercado sus propios drones civiles, ya sea para recreo u ocio, o para el desarrollo de proyecto profesionales, tanto de contenidos audiovisuales, como otros puramente de vigilancia o soporte para otras tareas.
Sea como sea, los drones han llegado para quedarse. El problema, por buscarle los tres pies al gato, es que han llegado más rápido que lo que han podido prever los órganos reguladores y legislativos. Los drones ofrecen un punto y aparte en muchos sentidos, y se trata de herramientas magníficas que serán parte normal de nuestra vida en pocos años: desde el transporte de mensajería hasta control de flora y fauna, son algunas de aplicaciones prevista para un futuro a medio plazo.
Pero, de la misma forma que suponen una disrupción en forma positiva, también pueden generar problemas, pues estamos hablando de dispositivos aéreos que pueden funcionar con cierta -y limitada- autonomía o, que en manos inexpertas, poner en peligro la seguridad de tráfico aéreo civil, acceder a infraestructuras críticas prohibidas sin ser detectados o, simplemente, dañar a una persona …