Un amparo promovió por Rivada Networks podría frenar el proyecto que debía estar en marcha en el 2018.
La Red Compartida, el megaproyecto de telecomunicaciones más ambicioso del Gobierno mexicano, una inversión público-privada que ayudaría a conectar a México.
La Red Compartida es un proyecto que pretende cubrir la permanente y creciente demanda de telefonía y banda ancha. Con la Red Compartida se espera que para el 2023 el 92% del territorio nacional tenga cobertura 4G y se disminuyan las tarifas hasta un 45% y, sobretodo, se lleguen a conectar los lugares más rurales y marginales que hasta ahora han sido difíciles por motivos geográficos y por ser poco rentables para los operadores.
Pese a las buenas intenciones se trata de un proyecto público-privado costoso y con pocas probabilidades de resultar rentable para los inversores. Sólo dos interesados llegaron a la etapa final: Rivada Networks y Altan, una alianza entre Axtel y Megacable. Sin embargo, hubo un nuevo problema: Rivada Networks fue descalificada por no entregar un requisito llamado “garantía de seriedad”, un cheque por mil millones de pesos.
Por su parte, Declan Ganley, el CEO de la empresa, no ha dudado en manifestar su descontento con la decisión de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Aunque el 4 de noviembre Ganley había denunciado en Twitter un supuesto robo al mensajer que debía entregar la garantía de seguridad en medio de la Ciudad de México.
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