Quintana Roo no tiene una buena racha en poner reglas claras para apps y quienes les utilizan para trabajar. El enfrentamiento directo de taxistas contra conductores de aplicaciones como Uber provocó el lanzamiento de la Ley de Movilidad que terminó en un amparo y luego en un fallo judicial a favor de Uber.

Ahora, el Congreso del estado busca que plataformas paguen un nuevo impuesto del 2% por cada servicio que hacen y que repartidores tramiten una licencia para poder trabajar.

La iniciativa ya fue aprobada por la Comisión de Movilidad y ha provocado olas entre repartidores. La organización civil "Ni Un Repartidor Menos" hizo circular un boletín en el que alertan de la iniciativa y acusa que viola los derechos constitucionales de los trabajadores. Más tajante, imposible.

Similar, pero no igual a CDMX

Primero, el impuesto. La iniciativa busca que las plataformas den al gobierno local 2% de cada servicio, sea viaje o entrega. Ese dinero debería destinarse al Fondo de Movilidad del estado, según la iniciativa. Esa es una medida muy similar a como Ciudad de México legisló en su momento para obtener recursos por los viajes hechos en plataformas, una medida que ha recibido críticas porque el fideicomiso se conformó como privado y por lo tanto su uso fue poco transparente por mucho tiempo. Al cabo de varios años, el gobierno de CDMX creó un nuevo fondo público al que transfirió los recursos.

Pero hay una diferencia …