Si una empresa encuentra en España su único problema legal de los 14 países en los que opera, quizá el problema no sea la empresa, sino España.
La legalidad de algunas acciones en determinados contextos debe ser secundaria. Algunos se echarán las manos a la cabeza al leer esto, pero creo que es un pensamiento lógico teniendo en cuenta lo que en los últimos meses hemos visto en España en el ámbito tecnológico y de la mal llamada economía colaborativa.
Primero fue el cierre de Uber (y en concreto de UberPOP) dada su ilegalidad en base a las vigentes leyes españolas que regulan el transporte de personas. Después fue BlaBlaCar la que sufrió el ataque de varias patronales del autobús que, tras décadas de proteccionismo y de vivir bajo el amparo de las administraciones públicas, ven ahora cómo una empresa extranjera ha puesto patas arriba el mercado del transporte de pasajeros en medias y largas distancias, sin ellos poder hacer nada.
Una parte muy importante de la población, sobre todo la más joven, no habla ya los miércoles y jueves de que está buscando un autobús para ir a casa el fin de semana. Hablan de que están mirando en BlaBlaCar coches y asientos que poder ocupar. Cuando se llega a ese nivel de penetración de una empresa, de una acción, de un verbo, en un segmento determinado de la sociedad, volver atrás es casi imposible.
No me llames iluso porque tenga una ilusión
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Bueno sí, hay una posibilidad que esperemos que …