La pasada primavera varios clientes de la operadora Euskaltel recibieron una carta en la que se les pedía entre 150 y 475 euros para evitar una demanda judicial por haber descargado mediante redes P2P una película estadounidense. Una historia que se repite ahora con clientes de Movistar de varias partes de España.

El Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, después de ser informado de la supuesta descarga ilícita de una obra audiovisual por parte de diversas personas, ha ordenado a Movistar facilitar la identidad y los datos de contacto de las mismas con el objetivo de que los representantes legales de la productora alemana Crystalis Entertainment puedan comunicarse con ellas.

Clientes de Movistar están recibiendo cartas similares a las del caso Euskaltel en ciudades de toda España y no se descarta que clientes de otras operadoras también puedan recibirlas

En estas misivas se pide a los clientes de la operadora "el cese en la infracción de los derechos" y "la justa compensación de los daños ocasionados" que se traduce en 100 euros por cada "título ilícitamente compartido" y una cantidad fija de 300 euros derivada de los "gastos de investigación y reclamación". Si los usuarios no pagan en un mes, señalan estas cartas recibidas en Madrid, Valladolid, Cádiz, Badajoz, Sevilla, Barcelona o Alicante, serán demandados.

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Las amenazas con grandes multas por descargas P2P comienzan a llegar a toda España: clientes de Movistar son los nuevos afectados
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