El que Uber y empresas similares nieguen a sus usuarios poder pagar en efectivo, viola los derechos de independencia y accesibilidad de las personas con discapacidad. Esa es la resolución a la que ha llegado la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Catalina Devandas, luego de que el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos denunciara intentos en estados por prohibir el pago con efecto en plataformas de transporte privado.

Hace no mucho Uber y compañía se colocaron en el ojo del huracán luego de que la Ley de Movilidad de Colima estableciera que aquellos servicios solo podrían establecer pagos a través del sistema bancario.

El problema, es que de acuerdo al Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, las personas con discapacidades tienen una tasa mayor a la media, en cuando a exclusión financiera. Muchas de ellas tienen mayores dificultades para tener cuentas bancarias y tarjetas de crédito y débito, de manera que al no poder pagar con efectivo, potencialmente se les estaría restringiendo el servicio en mayor medida que a las personas sin discapacidades.

México debe adoptar estándares internacionales

Como respuesta, la recomendación de la ONU ha sido clara: "estas disposiciones, que eliminaron la posibilidad de pagar en efectivo servicios de transporte privado, parecen tener un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad que, a su vez, perpetúan o exacerban la desigualdad".

Lo que prosigue es iniciar análisis más profundos de las consecuencias de las …