Una legislación a favor de Airbnb en contra de una que prácticamente lo criminaliza.
Reino Unido se está convirtiendo en todo un referente, en lo que a economía colaborativa se refiere, dejando en evidencia al resto de sus vecinos comunitarios. Cuando nos ponemos a analizar el diferente trato que están teniendo plataformas como la de Airbnb, en la que particulares pueden alquilar su casa a turistas y con ello obtener algunos ingresos, siendo todo un abismo que separa a la legislación británica de la española. Al menos en la legislación.
En una lucha sempiterna entre lo tradicional y lo tecnológico, de momento, los que se llevan el premio en España son los hoteles a la antigua usanza. Pero ya le están viendo las orejas al lobo, y para curarse en salud muchos de ellos están empezando a entrar en el terreno hasta ahora controlado por la startup y ofrecen pisos en alquiler para periodos vacacionales. Aún así, Airbnb sigue con unas cifras crecientes en cuanto a beneficios y usuarios poniendo en práctica las bondades de esta empresa pese a los intentos de los que rechazan de lleno estas prácticas parece ser imparable. Incluso aunque la ley no esté de su parte.
Y eso es precisamente lo que busca la plataforma: que la ley regule el alquiler vacacional a su favor, lógicamente. Y parece ser que España tiene muchísimo trabajo por delante.

En España, la competencia de la regulación cae en manos de las comunidades autónomas a partir de un estándar realizado por el …