Estamos a la espera de que los taxistas se reúnan esta tarde para aceptar o no las condiciones del Govern. El decreto, firmado ayer por el gobierno de Cataluña, establece una precontratación para acceder a los servicios de Uber y Cabify, lo que se traduce en que los usuarios tendrán que pedir el coche con 15 minutos de antelación, ampliables a una hora a través del Reglamento Metropolitano. Es un periodo muy inferior al solicitado inicialmente por los taxistas (6 y 12 horas), pero suficiente para que las empresas de VTC tengan que irse de Barcelona.

Si eso sucediera, tal y como recogen en El País, las dos compañías pedirían una compensación patrimonial por valor de 1.000 millones de euros al Govern. Asimismo, confiesan que el decreto dejaría sin empleo a más de 3.500 conductores. Actualmente hay 2.418 licencias VTC en Cataluña, de las cuáles 2.200 operan en Barcelona, además de las 1.900 que quedan todavía por otorgar.

Estamos haciendo esfuerzos para trasladar a los decisores públicos que aprobar esta regulación es contrario a la competencia y, por tanto, al bienestar de los usuarios.— Aut.Cat.Competència (@competenciacat) January 23, 2019

Un informe firmado por el abogado del Estado jefe del Ministerio de Fomento al que ha tenido acceso el medio confirma que el decreto del Govern va a causar perjuicios a los propietarios de licencias, pero es constitucional. En la esquina contraria tenemos a la Autoritat Catalana de la Competència, que opina que "aprobar esta regulación es contrario a la …