La Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el gravamen a grandes empresas tecnológicas que conocemos como tasa Google, ha aumentado hoy su articulado con el objetivo de fijar las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios que permitirá calcular mejor lo que deberá pagar cada compañía a Hacienda.

Mientras se concretan los planteamientos internacionales sobre impuestos a este tipo de empresas, como la propuesta del G7 de que paguen al menos un 15 % el impuesto de sociedades en los estados en los que generan negocio y el anuncio de la Unión Europea que contempla la obligación para estas compañías a declarar país por país sus beneficios, la ley que rige la llamada tasa Google se afina en España mediante un real decreto para que el cálculo del impuesto, que contempla los servicios ofrecidos a personas dentro de las fronteras españolas, se aproxime a la realidad.

Las empresas que deben pagar este impuesto deberán ser capaces de localizar los dispositivos de los usuarios en territorio español, según la modificación de la ley de la tasa Google

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Para gravar, hay que localizar

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