Los conflictos laborales en torno al trabajo en remoto no son patrimonio exclusivo de las grandes tecnológicas: también las administraciones públicas los han experimentado. Y, en algunos casos (como el que os traemos hoy), un empleado público ha visto respaldo en los tribunales su derecho a teletrabajar.
Nuestro protagonista se llama Daniel Hume, es empleado del Departamento de Salud de Queensland (Australia) y, se ha convertido en un símbolo de la batalla por el derecho al teletrabajo tras enfrentarse contra su empleador, el gobierno estatal.
Hume era gerente del equipo de análisis de infraestructura y reportes de la división de servicios corporativos del Departamento de Salud cuando, en marzo de 2021, decidió presentar una solicitud para trabajar completamente en remoto.
Al fin y al cabo, durante los 12 meses previos y a causa de la pandemia de Covid, él y su equipo ya habían estado trabajando de forma remota eficientemente y "sin efectos adversos para la organización".
Hume argumentó que durante ese año se había dado cuenta de que el trabajo desde casa incrementaba su productividad, al ahorrar casi tres horas de viaje diarias, estar sometido a menos distracciones, y pasar más tiempo con su familia, todos ellos aspectos que consideraba esenciales para su bienestar.
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