La versión número 11 de Microsoft Internet Explorer fue lanzada hace ya más de 8 años, a mediados de 2013. Sólo dos años más tarde, Microsoft dejaba atrás su histórico y polémico navegador en favor de la primera generación de Microsoft Edge (jubilada, a su vez, en enero de 2020).

Y sin embargo, nos seguimos encontrando con páginas web "optimizadas para Internet Explorer 11" o que, incluso, obligan a usar dicho navegador para poder acceder a las funcionalidades de alguna plataforma online. Esto, que ya es problemático de por sí, resulta aún más grave cuando nos damos cuenta de que quien suele incurrir en estas prácticas son las instituciones públicas o entidades de derecho público.

Un ejemplo de ello sería la plataforma telemática del Colegio de Registradores de España —que da acceso a los trámites online de registros tan relevantes como el Registro Mercantil, el Registro de la Propiedad,, etcétera— y cuya función de "presentación telemática de documentos sólo está disponible en Internet Explorer 11 o versiones superiores" (sic: como ya hemos dicho, dicha versión fue la última de este navegador).

Desde fechas muy recientes ofrece, eso sí, la opción de utilizar una versión 'beta' (compatible con todos los navegadores, como debe ser), pero con funciones aún limitadas.

Pero, ¿cómo se entiende que una plataforma tan fundamental para tantos procesos burocráticos legalmente inevitables esté optimizada para un navegador completamente obsoleto (incluso a ojos de la empresa que lo desarrolló) y que sólo …