La Corte de Justicia Europea ha anunciado una sanción a España por no cumplir “las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales”.
Es decir, el país no adoptó a tiempo la directiva europea de protección de datos personales que busca facilitar el intercambio de datos entre autoridades policiales y judiciales para prevenir, investigar, detectar o castigar delitos.

#ECJ: #Spain ordered to pay a lump sum of € 15 million and a daily penalty of € 89,000 for failing to transpose or communicate transposition measures regarding the Directive on the protection of #PersonalData for the purposes of the prevention and detection of criminal offences— EU Court of Justice (@EUCourtPress) February 25, 2021
La obligación de adaptar la normativa europea a la ley nacional

La multa asciende a 15 millones de euros y a una sanción de 89.000 euros por cada día de retraso a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia. En general, los estados miembros de la Unión Europea están obligados a incorporar las normas de la UE al ordenamiento jurídico nacional y comunicar cómo han hecho esta transposición de las directivas. Y en este caso, España se retrasó a la hora de adoptar esta normativa y de comunicar cómo lo hizo.

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