Los taxistas están llamando de nuevo a sus sindicatos a la movilización, ante la derrota legal inflingida hoy por la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a Uber, y que a instancias del recurso contencioso-administrativo presentado hace ahora justo dos años por la compañía anula los dos primeros artículos del Real Decreto 1076/2017.

Recordemos: en diciembre de 2017, el gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy aprobaba un real decreto que venía a limitar y regular las actividades económicas de los VTC (vehículos de transporte con conductor), y que contó con dos artículos que generaron especial polémica.

El primero de ellos prohibía la venta de licencias VTC durante los dos primeros años tras su expedición original (una reclamación central de las asociaciones del taxi), mientras que el segundo instauraba la figura de un registro electrónico oficial en el que los VTC debían notificar a la Administración la hoja de ruta de sus viajes.

Vuelven a sonar tambores de guerra en el sector del taxi

Cuatro meses más tarde, Uber interponía un recurso en el Tribunal Supremo contra dicho real decreto, en el que se hacían eco de las tesis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que venía a afirmar que la norma del gobierno "restringía la competencia" de forma injustificada y que "desincentivaba que nuevas empresas entrasen el mercado" al limitar "su capacidad de abandonarlo durante los dos primeros años".

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