Las autoridades buscan ampliar los controles sobre la actividad digital de inmigrantes que soliciten residencia, asilo o ciudadanía. La medida generó preocupación entre defensores de derechos civiles, quienes advierten sobre el impacto en la privacidad y la libertad de expresión. ¿Cómo funcionará esta nueva política y qué consecuencias podría tener?