La economía sumergida, el fraude fiscal, los pagos en negro o en B. Este fenómeno financiero recibe una infinidad de nombres y apelativos tanto en España, como en el resto del mundo. Pero da igual cómo se les presente porque la verdad es que su práctica supone un agujero negro para la economía de cualquier país. Pérdidas valoradas en millones que, para solucionarse, requieren el trabajo de una consecución de reformas fiscales ad hoc y la confluencia de una serie de factores sociales.
El fenómeno tras los datos
Las cifras que hablan sobre la economía sumergida son igual de difusas que el propio sector. No existe ningún baremo que determine, con el 100% de fiabilidad, cuánto deja de percibir el Estado por esta práctica. El último dato, aportado por las instituciones gubernamentales españolas, la Gestha concretamente, apostaban por una pérdida de 253.000 millones de euros aproximadamente, lo que supone el 24,6% del PIB del país. A principios de 2016, el profesor austriaco Friedrich Schneider publicó los resultados de un estudio sobre este fenómeno a nivel europeo. Este determinaba que las pérdidas en España rondaban el 18,2% del PIB, o lo que es lo mismo: 200 millones de euros. Un poco por debajo de las estimaciones del Ministerio de Economía, pero que dejan al país a un punto por encima de la media global.
Las coyunturas económicas tampoco ayudan a mejorar las cifras. Schneider estima que desde 2008, coincidiendo con el inicio de lo más grave de la crisis financiera, la actividad "en …