La transformación digital ha obligado a los gobiernos a adaptar sus legislaciones para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en Internet. La Unión Europea, por ejemplo, ha desarrollado todo un conjunto de normativas pioneras, entre las que destaca la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de regular las plataformas digitales.

Sin embargo, España se encuentra actualmente en el punto de mira de Bruselas por no haber implementado completamente esta ley en su propia normativa interna, lo que ha motivado que la Comisión Europea haya interpuesto una denuncia contra nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Y es que el retraso de España no se ve sólo un problema técnico o burocrático: afecta directamente a la capacidad de proteger a los usuarios, especialmente los más vulnerables, como los menores de edad, y pone en cuestión el compromiso del país con los principios digitales de la UE.

¿Qué es la Ley de Servicios Digitales?

La Ley de Servicios Digitales fue aprobada por la UE en 2022 como parte de un paquete legislativo que incluía también la Ley de Mercados Digitales (DMA). Esta legislación representa uno de los pilares de la estrategia europea para controlar el poder de las grandes plataformas tecnológicas y proteger a los usuarios frente a contenidos ilegales, prácticas comerciales opacas y desinformación.

La DSA introduce obligaciones para grandes plataformas (como X, Facebook, TikTok, Amazon o Instagram) en áreas como:

Eliminación de contenido ilegal.
Protección de …