El Consell de Garanties Estatutàries, la más alta institución jurídico-consultiva catalana, ha considerado este lunes que el decreto aprobado por la Generalitat de Catalunya con el que regular todavía más la actividad de los vehículos VTC, con los que funcionaba Uber y Cabify en Barcelona, "vulnera la libertad de empresa" contemplado por la Constitución.

La resolución de este órgano consultivo dictamina que son "restricciones no razonables" la obligación de contratación con 15 minutos de antelación y la habilitación a autoridades competentes de ampliar ese margen.

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El dictamen no es vinculante, pero ve inconstitucionalidad

El pronunciamiento sobre este decreto aprobado a principios de este año, con el que el paro patronal del sector del taxi llegó a su fin en Barcelona, llega el mismo día en el que se ha sabido que el reglamento de la Àrea Metropolitana de Barcelona amplía los 15 minutos de precontratación a una hora, como se preveía.

Esta normativa contempla multas de hasta 6.000 euros por incumplimiento del decreto, incluyendo sanciones de hasta 1.400 euros por el incumplimiento concreto del tiempo de precontratación. La aprobación de este reglamento del ente supramunicipal barcelonés se prevé para este martes.

El órgano consultivo catalán señala que el decreto anti-VTC tiene un "carácter desproporcionado por su elevado grado de potencial perjuicio"

Concretamente, el informe —que no es vinculante— solicitado por el grupo …