Durante años, WhatsApp ha vendido su sistema de mensajería como un bastión infranqueable de la privacidad. Gracias al cifrado de extremo a extremo, prometía que nadie más que el emisor y el receptor de un mensaje podrían acceder a su contenido, ni siquiera la propia empresa.

Sin embargo, un reciente escándalo de la política española (la presunta filtración de información confidencial por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz) ha puesto a prueba esta afirmación: en su aparente intento de borrar las huellas, el fiscal ha descubierto que, incluso en el mundo digital, nada desaparece por completo.

El origen del escándalo

En octubre de 2024, García Ortiz fue imputado por un delito de revelación de secretos: se le acusó de haber filtrado correos electrónicos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ocho meses antes, el abogado de González Amador había enviado un correo al fiscal Julián Salto proponiendo un acuerdo de conformidad para admitir dos delitos fiscales. Este correo, que debía permanecer en el ámbito privado de la investigación, fue posteriormente difundido a los medios de comunicación, desatando una tormenta política y judicial.

La difusión de este correo confidencial llevó al Tribunal Supremo a abrir una causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. Durante la investigación, se descubrió que, el mismo día en que se había abierto esta, García Ortiz había eliminado sus mensajes de WhatsApp y su cuenta de Google. Además, cambió …