En diciembre del pasado año se acababa el plazo para cumplir con la Ley 2/2023 para la protección de las personas que obliga a las empresas con más de 50 empleados y menos de 250 a crear un canal “seguro y anónimo” para que sus empleados puedan denunciar irregularidades de su empresa a la hora de cumplir con la ley.

La Ley regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción. También se le conoce como la "Ley de protección al denunciante". Por ello, las empresas con más de 50 personas ya deben tener habilitado este "chivato" que puede facilitar a los empleados a reportar irregularidades que vean en el espacio de trabajo.

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Obligadas a contar con un "chivato" interno a partir de mañana: así es la nueva normativa para empresas de más de 50 empleados

Todo llegó por una normativa europea, bautizada como Directiva Whistleblowing, aprobada en octubre de 2019 y que entró en vigor hasta el pasado mes de marzo. Su gran novedad es que establece normas específicas para la protección de los informantes sobre infracciones y corrupción en el ámbito interno de la empresa. Si un empleado decide denunciar, no puede sufrir represalias. Y es que, además, en su artículo 9, la ley establece la obligación de las empresas de garantizar la confidencialidad de los denunciantes.

Pues bien, vamos a ver qué ha pasado …