El Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón ha presentado un anteproyecto de ley con el que quieren reformar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y que además valdrá para transponer al ordenamiento español la Directiva 2019/2161 de la Unión Europea, que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión.

El Ejecutivo tiene objetivos bastante ambiciosos con este nuevo texto, pues quiere atajar problemas tan graves en Internet como las reseñas falsas o tan desconocidos para el público como los parámetros utilizados para mostrar los resultados por parte de buscadores como Google en lo que respecta a clasificaciones de bienes y servicios.

"Igualmente, la reforma incluye controles a los buscadores online cuando otorguen puntuaciones y valoraciones superiores a bienes o servicios con respecto a los de sus competidores y no informen a los consumidores de que su posicionamiento responde a publicidad pagada. Con la modificación, los motores de búsqueda tendrán que mostrar una descripción de los parámetros utilizados para establecer la clasificación de los resultados. En el caso de que un precio haya sido personalizado para el consumidor, sobre la base de una toma de decisiones automatizada, se deberá informar de este hecho".

Más poder para el Ministerio de Consumo

Lo primero que resaltó el comunicado del Gobierno tras el Consejo de Ministros es que, una vez se apruebe la ley, Consumo ostentará competencia sancionadora cuando existan frauden masivos que atenten …