Muchas startups y grandes compañías tecnológica llevan ya varios años promoviendo 'nuevos modelos de empleo' basados en la sustitución de empleados por autónomos para llevar a cabo diversas tareas, sobre todo relacionadas por la logística.

Pero de un tiempo a esta parte llevan sufriendo también varios reveses legales: el último de ellos tuvo lugar hace sólo tres semanas, cuando el Tribunal Supremo se pronunció por primera vez sobre la polémica de los 'riders', sentenciando que los repartidores de Glovo son falsos autónomos.
Ahora, es la Inspección de Trabajo la que acaba de obligar a Amazon a dar de alta de 4.056 repartidores (hasta ahora teóricamente autónomos) que la compañía de Jeff Bezos tenía trabajando en Madrid y Barcelona. Ahora, además, el Estado reclama a la compañía 6,16 millones de euros por las cotizaciones impagadas en este tiempo.

El procedimiento tiene su origen en una denuncia del sindicato UGT contra el funcionamiento de Amazon Flex, el servicio del gigante del e-commerce en el que los repartidores autónomos distribuyen los productos vendidos a través de Amazon.es haciendo uso de sus propios vehículos.

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Una sentencia de 168 millones de euros: el ahorro de Glovo y otras apps con sus falsos autónomos

Los trabajadores habían sido contratados a través de dos filiales de Amazon, las mismas que fueron declaradas 'operadores postales' por la CNMC hace unos días: la mayoría (3.261) a través de Amazon Spain Fulfillment, y el …