Contrario a toda lógica, esta fosa clandestina es operada por el gobierno.
Mientras en el discurso gubernamental las autoridades velan por el estado de derecho, en la práctica el gobierno opera al margen de las leyes que dice proteger. Ese es el caso de las fosas de Tetelcingo, donde 150 cuerpos fueron enterrados en una fosa común irregular operada por la fiscalía del estado de Morelos. Las decenas de cuerpos ahí enterrados se encontraban en investigaciones cuando las autoridades correspondientes decidieron que era más sencillo enterrarlos y dejar en la impunidad a sus victimarios. Las fosas de Tetelcingo son un capítulo más de negligencia y horror en la historia reciente de México.
Hoy, 23 de mayo, comienzan los trabajos de exhumación e identificación de los cuerpos que sólo ha sido posible a través de la presión mediática que ha obtenido el caso, uno que sin duda añadirá una mancha más al expediente de derechos humanos en México.
Las fosas del gobiernoEl 24 de mayo del 2014 el comerciante y vendedor ambulante Oliver Wenceslao Navarrete Hernández fue secuestrado por siete hombres armados en el municipio de Cuautla (Morelos) a cuarenta minutos de la Ciudad de México. Unos días después, su cuerpo fue encontrado en en una barranca.
El cuerpo de Oliver Navarrete fue llevado al Servicio Médico Forense de Morelos, donde sus familiares identificaron el cadáver. La familia pidió llevárselo para darle sepultura, sin embargo las autoridades pideron que el cuerpo se quedara para seguir las investigaciones y llevar el caso al juzgado.
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